Posición de EMA-RTV a las modificaciones planteadas en la Ley Audiovisual de Andalucía por el decreto ley 2/20 de Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva en Andalucía

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La aprobación de la Ley 10/2018 Audiovisual de Andalucía (LAA) supuso un hito en la historia de las políticas públicas de comunicación de Andalucía (PPC). Por primera vez un texto reunía toda la normativa dispersa en decretos en un solo texto siguiendo el marco legal establecido por la Ley 7/2010 General de Comunicación Audiovisual (LGCA, 2010).

La LAA viene a reforzar las garantías jurídicas de funcionamiento de los medios públicos y comunitarios de la Comunidad Autónoma. Una norma aprobada por unanimidad y consensuada entre todos los grupos parlamentarios, un caso inédito en la historia del Parlamento Andaluz.

Refuerza, así mismo, la consideración de servicio público de gestión directa de las emisoras municipales, siguiendo el criterio establecido en el primer texto legal aprobado en las Cortes en 1992, la Ley de Ordenación y Control de la Emisoras Municipales (LOCEM) y mantenido hasta la fecha en toda la normativa promulgada por el Estado y las autonomías.

A fin de evitar la posible colisión de intereses entre el sector radiofónico comercial y las emisoras municipales de radio se aprobó, a petición de las primeras, un estricto protocolo técnico que quedó recogido previamente en la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones (LOT, 31/87) posteriormente en el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora de 1989. Las emisoras no podían emitir con más 500W en aquellos municipios con población superior a los 50.000 habitantes, con hasta un máximo de 150W en los menores de 50.000 y de un máximo de 50W por debajo de los 10.000, quedando reservada la banda desde los 107,00 a los 107,9 MHz para este servicio público. Estas exigentes condiciones limitativas fueron establecidas para evitar cualquier competencia comercial en cobertura y audiencia con la radio privada y en atención a lo solicitado en su día por la Asociación Española de Radiodifusión Comercial (AERC).

En esta coyuntura es imposible que la radio pueda ser rentable económicamente no solo por impedimentos técnicos, sino además porque su obligación de prestar un servicio público marca diferencias claras con la comercial, a quien la LGCA exime de un principio básico como es la prestación del servicio público, ello le da ventaja para competir en el mercado de la publicidad y por supuesto también en el de las audiencias gracias a su mayor cobertura técnica al disponer de potencias de emisión entre cinco y diez veces más elevadas. Los mismos argumentos de servicio público son aplicables a la televisión municipal y los medios comunitarios.

Bajo estas premisas más de un centenar de emisoras municipales y comunitarias de radio y más de una veintena de televisiones, han venido emitiendo regularmente en una geografía donde los medios comerciales no pueden ofrecer contenidos de proximidad por la escasa rentabilidad económica que generan. Su lógica está sujeta a las emisiones en cadena con momentáneas desconexiones locales. La misma LAA, establece que estas desconexiones locales deberán ser al menos de (solo) 15 horas de información a la semana, un mínimo insuficiente que además no suele ocupar las franjas estimadas de máxima audiencia en las programaciones.

La realidad es que las emisoras municipales de radio y televisión están cubriendo un vacío informativo y de conocimiento fundamental del territorio. Cumplen junto a las radios comunitarias un papel esencial en Andalucía mediante la producción de contenidos de proximidad útiles para la ciudadanía y garantizando el derecho de comunicación y de acceso. Más de 2.000 personas voluntarias colaboran cada día en estas emisoras y no menos de 600 organizaciones sociales encuentran un espacio único a través del cual pueden hacerse oír e incidir con contenidos de sensibilización. Este sector público ocupa a cerca de 600 personas en toda Andalucía que garantizan cada día la dinamización social y la información de proximidad. Estos valores no pueden ser desconsiderados en un territorio de ocho provincias con carencias y déficit de información endémicos e históricos que lastran la formación de la opinión pública y generan desconocimiento de la realidad.

A todo ello se le añade el esfuerzo de un trabajo en red que permite el intercambio de información y de contenidos entre un centenar de emisoras públicas y comunitarias que son parte de EMA-RTV. No hay ningún interés de lucro sino de contribución a la rentabilidad social de la comunicación y la información para satisfacer una demanda del territorio. El modelo de red EMA-RTV y sus estrategias de comunicación han sido replicados por la cooperación española en países como El Salvador, Guatemala, Bolivia, Argentina y Perú, para contribuir al fortalecimiento democrático mediante la construcción de ciudadanía y la generación de liderazgos. La red también trabaja con socios europeos y fondos de la Unión Europea en producciones audiovisuales que tienen el objetivo de sensibilizar sobre iniciativas y políticas transversales.

Nuestro sistema de medios es eminentemente privado y bajo el paraguas de grupos ajenos a la Comunidad, no siempre con domicilio social en Andalucía y en muchas ocasiones con instalaciones que no van más allá de un poste repetidor para replicar la señal transferida desde un centro emisor en Madrid. Sería recomendable analizar el uso de las frecuencias de radio comercial para entender que Andalucía no necesita ampliar el número de frecuencias en manos de los tres grupos privados dominantes, tampoco de nuevos actores, al menos a través de las frecuencias municipales. Hasta la fecha de las 216 frecuencias comerciales de FM que son competencia exclusiva de la Junta de Andalucía, 89 emiten programación generalista en cadena (41%) dedicando escaso tiempo a contenidos locales y autonómicos (solo una cadena se ciñe a las 15 horas reseñadas, las otras dos marcas de referencia están muy por debajo de este rango). Un total de 122 antenas emiten exclusivamente programación musical en cadena y solo en contados casos hacen desconexiones para ofrecer información. Sólo cuatro concesiones permanecen al margen de los intereses de los grupos dominantes y son independientes. Todo intento por favorecer un mapa más plural y potenciar actores nuevos en el territorio ha fracasado por la flexibilización de las normativas que impedían la concentración, facilitar la privatización de los medios públicos reincide en los mismos errores ante la permisividad del negocio jurídico con las licencias.

Teniendo en cuenta que todas las frecuencias concedidas por el gobierno autónomo en concurso público lo fueron con el compromiso de emitir una programación eminentemente local, queda de manifiesto que el sector privado ha sido incapaz de hacer rentable sus antenas para los territorios en los que emiten. Una emisora local se define por cobertura de emisión, pero fundamentalmente por sus contenidos de proximidad. El recurso de emitir en cadena muestra el fracaso de las políticas públicas emprendidas, que han derivado en la continua flexibilización de las normas en favor de los grupos y evidencian el poco interés por poner en valor una información local imprescindible para la ciudadanía.

En esta realidad de intereses de la radio privada se mueven una treintena de ayuntamientos denunciados por haber privatizado el servicio de radio. Medios municipales que han abandonado la premisa de satisfacer un servicio público para tratar de hacerse rentables económicamente o reducir “gastos”, sin tener en cuenta que la actividad social y cultural que promueven es esencial y no puede ser considerada gasto sino inversión. En este conjunto de emisoras hay que diferenciar tres casuísticas, quienes han cedido la gestión a organizaciones sin ánimo de lucro, quienes lo han hecho a personas físicas o jurídicas que buscan el lucro, o aquellas que se dedican a repetir la señal de una cadena privada. Curiosamente en los dos primeros casos se siguen destinando fondos municipales justificados como pago al “servicio prestado”, argumento que contradice el criterio de que la privatización es parte de una política de ahorro e incluso de dinamización económica.

Las radios y televisiones municipales, como las radios comunitarias, no son rentables económicamente no por incompetencia, sino por falta de voluntades políticas para poner en valor el importante servicio que vienen prestando a la sociedad. El trabajo de información, las campañas de sensibilización e información emitidas y realizadas por las emisoras no son valorizadas económicamente pese a su utilidad y necesidad. Las agencias de publicidad basan sus planes de medios en el estudio de audiencias de EGM o Kantar, que están diseñados exclusivamente para medios con cobertura estatal, realizando ampliaciones de muestra para algunas comunidades autónomas siempre insuficientes en su muestra por motivos de costes y a demanda. Estos estudios son incapaces de recoger las audiencias locales, ni la suma de estas cuando emiten en red, lo que impide una financiación extra. Incluso penalizan a los medios autonómicos, insuficientemente representados en la muestra. Aun así, las emisoras comerciales acusan a los medios públicos locales de competencia desleal sugiriendo una doble financiación. Las campañas que emiten las radios y televisiones municipales son eminentemente locales y suelen estar fuera de las tarifas e interés de las cadenas, vienen a ser más un servicio público que una búsqueda de beneficio. Los aportes económicos de publicidad no son relevantes,pero tampoco debe ser el fin de las emisoras municipales la captación de publicidad para su financiación, sino cumplir con la exigencia legal de dar un servicio público a la ciudadanía al que radio comercial por criterios de rentabilidad económica defendidos en la LGCA no está obligada, quedando al arbitrio de decisiones empresariales.

La profesionalidad de quienes cada día hacen posible la radio pública local está llena de dificultades y sin embargo cumplen el objetivo de servir a su territorio. Siempre hay margen para la mejora como se advierte de la aplicación del indicador IRSCOM diseñado por la Universidad de Málaga, pero como también se recoge en este estudio son necesarias políticas de apoyo a la importante labor y el vacío que cubren. Medir los intangibles es un cometido de interés público como reconoce la LAA cuando se compromete a trabajar con indicadores de rentabilidad social. ¿Cómo medir la importancia de la labor informativa y de sensibilización realizada en esta crisis causada por el Covid-19? En estos días están emitiendo campañas de sensibilización propias, dando ánimo a sus vecinos, compartiendo información en red, asegurando que la voz de los actores locales, autoridades y sociedad civil, desde el contexto local, llegue a todas las personas. Esta labor es diaria durante todo el año.

Andalucía ha sabido desde el municipalismo construir un modelo único y ejemplar de red, a través de EMA-RTV y su servicio de distribución contenidos Onda Local Andalucía. Permitir la privatización de las emisoras públicas locales contribuye a destruir un tejido único, un ecosistema complementario a la actividad privada y pública del medio autonómico. Esta medida no enriquecerá las agendas informativas, ni redundará en la información de cercanía y la participación ciudadana.

La modificación de la LAA pervierte el mapa de la radio y la televisión local en Andalucía al incentivar a los ayuntamientos a desprenderse de la prestación de un servicio público básico. La lógica, en las recomendaciones de las directivas de la UE, van en sentido opuesto, vienen a argumentar contra la concentración mediática y defienden la importancia de las ayudas públicas en ámbitos desfavorecidos por la inexistencia de agendas propias que atiendan el territorio, es una responsabilidad del gobierno no del mercado.

Las modificaciones contempladas en el decreto ley entran en colisión con los principios inspiradores establecidos en el artículo 2, apartado 1, de la actual LAA que proclama la defensa y potenciación del servicio público de comunicación audiovisual, la libre elección, como derecho de la ciudadanía a escoger los servicios de comunicación audiovisual sin que los intereses privados, ni las Administraciones públicas puedan condicionar sus decisiones y a la obtención, en función de la disponibilidad del espectro radioeléctrico, del equilibrio entre los prestadores del sector público, los comunitarios sin ánimo de lucro y los privados de carácter comercial. También contradice el apartado 2 de la LAA, que potencia el fomento y la defensa de la cultura andaluza, de los intereses locales y la promoción de la convivencia, impulsando la participación de los grupos sociales del ámbito territorial de cobertura.

El decreto tampoco considera el Plan Estratégico Audiovisual de Andalucía en cumplimiento de la LAA a elaborar cada cuatro años. El artículo 18 de la LAA que compromete esta planificación, define como objetivos fundamentales la defensa y potenciación de los servicios de comunicación audiovisual de titularidad pública autonómicos y locales, así como de los servicios audiovisuales de proximidad.

No obstante, el Plan Estratégico de subvenciones de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior 20/22, define como objetivo estratégico, la ordenación e impulso del sector audiovisual andaluz, el apoyo al servicio público de radiodifusión de ámbito local para que los municipios puedan mantener la prestación del servicio público de comunicación audiovisual radiofónico de ámbito local en las mejores condiciones, cumpliendo la previsión estatutaria (artículo 211), para que los medios de comunicación de gestión directa puedan “orientar su actividad a la promoción de los valores educativos y culturales andaluces, respetando, en todo caso, los principios de independencia, pluralidad, objetividad, neutralidad informativa y veracidad». Parece contradictorio con la propuesta contemplada en el decreto de permitir la privatización de los medios públicos locales.

Las medidas contempladas también entran en confrontación con principios vertebradores culturales y sociales contemplados en el Estatuto de Autonomía. Reconocer la legitimidad del gobierno para tomar las medidas que considere oportunas no implica que éstas sean las únicas amparadas en el buen criterio, el trabajo de consenso y unanimidad con el que se aprobó la LAA debe ser tenido en cuenta.

En consecuencia, por las razones expuestas quienes llevamos más de 35 años en la comunicación local y ciudadana en Andalucía sabemos de la importancia del quehacer de las emisoras públicas locales y comunitarias en la construcción de consensos y el importante papel de dinamización social que cumplen y expresamos nuestro sentir contrario a la reforma. En este sentido y tras un largo y enriquecedor debate proponemos:

-Apertura de una mesa de diálogo para debatir los problemas del sector y el desarrollo de la LAA.

-Mantener el criterio de la gestión directa del servicio municipal de radio y televisión, única garantía para la prestación del servicio público establecido en la LGCA desde nuestros municipios y del cumplimiento de los derechos de acceso de la ciudadanía.

-Mantener la prohibición de las emisoras municipales de conectarse a cadenas privadas comerciales, cuyos fines están claramente diferenciados en la LGCA con los medios públicos. Las concesiones de frecuencia a municipios no pueden ser postes repetidores sin vinculación con el territorio y solo para beneficio a efectos de ingresos publicitarios de terceros.

-Mantener la obligación de los operadores comerciales, públicos y comunitarios de tener entre sus instalaciones estudios de continuidad y producción operativos en el territorio de cobertura, cumpliendo con las inversiones técnicas y de contratación comprometidas en las concesiones y facilitando en los casos previstos en la LAA el derecho de acceso a la ciudadanía.

-Que las ayudas destinadas a las emisoras públicas locales por la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior se incrementen e incluyan a las prestadoras de servicios comunitarios bajo la garantía de estar obligadas a mejorar el servicio esencial que se presta atendiendo para ello a indicadores de rentabilidad social.

-Que se apoye el proceso de reversión de las emisoras municipales privatizadas y se busquen soluciones consensuadas urgentes que satisfagan los intereses municipales y de la ciudadanía. En este sentido debe habilitarse un plan de incentivos.

-Que la externalización solo puede afectar a la gestión publicitaria y a determinados programas patrocinados y nunca a espacios informativos o que pongan en riesgo el derecho de acceso.

-Declarar formalmente caducadas las licencias que no se hayan puesto en marcha en los plazos establecidos legalmente y que los ayuntamientos solicitantes de la reactivación de la misma estén obligados a renovar en la solicitud sus compromisos de inversión y proyecto técnico.

-Que se constituya el Consejo Participación Audiovisual de Andalucía previsto en la LAA: “órgano colegiado de naturaleza participativa, de carácter consultivo y asesor de la Administración de la Junta de Andalucía, adscrito al Consejo Audiovisual de Andalucía, con la finalidad de garantizar los derechos de la ciudadanía en relación con los servicios de comunicación audiovisual prestados en el ámbito de aplicación de la presente ley” (Art.12).

EMA

La FAPE solicita ayudas a los medios ante el desplome publicitario

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La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), solicita al Gobierno que estudie y apruebe un plan de ayudas específicas a los medios de comunicación para evitar que el desplome de la publicidad, debido al parón de la economía y las medidas de emergencia derivadas de la pandemia del coronavirus, cause el cierre de empresas editoras y despidos generalizados.

La FAPE alerta al Gobierno de que el periodismo, uno de los pilares de la democracia, no puede permitirse una repetición de la crisis del decenio de la recesión, donde el sector de los medios fue uno de los más golpeados, con 13.000 empleos perdidos y decenas de empresas cerradas.

La desaparición de medios no solo es grave por la pérdida de empleos, sino que afecta también a la necesaria pluralidad informativa que exige la democracia para que los ciudadanos formen su propia opinión y tomen sus decisiones en libertad.

El Gobierno debe considerar el impagable servicio público que, en esta durísima crisis, están prestando a la sociedad aquellos medios que apuestan por la información veraz, verificada y contrastada con fuentes fiables, base del periodismo de calidad, que es sin duda la mejor barrera contra las noticias falsas, los bulos y los rumores que tanto daño están haciendo a la personas y a la democracia.

Los medios y los periodistas están haciendo un esfuerzo formidable para garantizar el derecho de información de los ciudadanos. A su vez, el crecimiento de las audiencias en estos días confirma que los ciudadanos aprecian el alto servicio público que les están ofreciendo los periodistas y los medios que se sostienen en el mencionado periodismo de calidad.

Para mantener este imprescindible bien público esencial, la FAPE considera oportuno y necesario un plan de ayudas específico para los medios, condicionado siempre a asegurar el mantenimiento del empleo en unas redacciones que resultaron ya muy debilitadas durante la pasada recesión.

Si, como piden los editores, una de las medidas pasara por el incremento de la publicidad institucional, la FAPE reclama la máxima transparencia y pluralidad en el reparto de la inversión.

ayudas

Oferta de empleo: Redactor/a jefe/a para El Faro de Ceuta

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El diario El Faro de Ceuta precisa incorporar un redactor/a jefe/a de sección con experiencia probada de al menos dos años en el desempeño del puesto y como coordinador/a de redacción, tanto en edición impresa (imprescindible en medios OffLine) como en el entorno digital (OnLine). Estará a cargo de una plantilla de entre 15 y 20 personas.
Se ofrece contrato indefinido (con periodo de prueba) y una retribución mensual bruta de 1.570,39 €. Incorporación inmediata.
Los interesados han de enviar su CV a pabad@grupofaro.es
Plazo de recepción de candidaturas hasta el 28 de febrero.

‘Orgullo S.O.S.’ vuelve a Sevilla

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  • El texto, escrito y dirigido por Daniel Blanco y Miguel Ángel Parra, regresa los días 7, 8, 14 y 15 de febrero al Teatro Cuna 15 de la capital hispalense
  • El actor Alberto Rojas protagoniza este monólogo en clave de comedia dando vida Rey, un homosexual madurito, parlanchín y algo desfasado que trabaja en una línea telefónica de atención al colectivo LGTBI 

Orgullo SOSOrgullo S.O.S. La obra, el monólogo en clave de comedia de la compañía andaluza Happy Hour escrito y dirigido por Daniel Blanco y Miguel Ángel Parra, llegará los próximos días 7, 8, 14 y 15 de febrero al Teatro Cuna 15 de Sevilla. La obra, interpretada por el actor Alberto Rojas, regresa así a Sevilla tras su exitoso estreno en 2017 dentro la I Muestra de Teatro con Orgullo y su paso por varias salas de Madrid y numerosos teatros de toda Andalucía. Tras lograr diversos galardones, la obra ha sido vista ya por más de 5.000 espectadores en más de 50 funciones.

Orgullo S.O.S. La obra reflexiona, a través del humor, sobre aspectos universales del ser humano, como la nostalgia y el fracaso, la necesidad de ser escuchado y la fugacidad del tiempo. El texto narra la historia de Rey, un homosexual cincuentón, parlanchín y algo desfasado que trabaja en una línea de atención telefónica al colectivo LGTBIQ, dando consejos más o menos acertados a todo un catálogo de personajes anónimos que comparten sus dudas, sus inquietudes y sus desvelos. Un joven enganchado al Grindr, un famosísimo artista que se plantea su sexualidad, un médico que ofrece cursos para ser heterosexual o una madre que pide pautas para confirmar las sospechas sobre su hijo son sólo algunas de las llamadas a las que Rey, con su incasable defensa de la alegría, tendrá que resolver en esta comedia intimista sobre lo que somos y lo que sentimos, sobre la búsqueda de la aceptación y el miedo al rechazo, sobre eso tan humano de necesitar que los demás nos quieran y nos escuchen.

Según sus autores, la obra no sólo es un guiño a las minorías, sino también un homenaje a esos homosexuales que vivieron (y sufrieron) el Franquismo, los golpes y la persecución, y un retrato sobre el respeto y la tolerancia de la sociedad española. Para Daniel Blanco, premio Dramaturgo Emergente Andaluz 2014, Orgullo S.O.S. La obra aprovecha el humor para plantearnos esos debates que nos preocupan a todos, como la soledad o el fracaso. “Rey es un personaje que va a conquistar al público, por su ingenio, por su desparpajo, por la forma tan natural que tiene de ver la vida pero, sobre todo, por su proceso de reconstrucción personal, por cómo se arma de orgullo y se recompone después de cada tropiezo en su vida”, dice Miguel Ángel Parra.

 

La FAPE reitera su firme compromiso con la defensa de la libertad de prensa

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En el día de nuestro patrón San Francisco de Sales, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) reitera su firme compromiso con la defensa de la libertad de prensa frente a los vetos a medios y periodistas, los recursos a las ruedas de prensa sin preguntas y la exclusión de los profesionales del periodismo de actos de especial trascendencia para la sociedad española.

La FAPE constata que hay un claro intento de convertir nuestro trabajo en irrelevante a fin de imponer la propaganda como norma y evitar la rendición de cuentas a la que están obligados los gobiernos y los partidos políticos y sin la cual la democracia no podría sobrevivir.

Ante esta situación, la FAPE, primera organización profesional de periodistas de España, reivindica el papel fundamental de la libertad de prensa en las sociedades democráticas como dique de contención de los abusos del poder, firme sostén de los valores constitucionales y pilar imprescindible del derecho de información de los ciudadanos.

La FAPE alerta del riesgo de perder la libertad de prensa que tanto costó conquistar y hace un llamamiento a la sociedad para que respalde el libre ejercicio del periodismo, garantía de la supervivencia de la democracia cuando cumple a plenitud su función de ofrecer a los ciudadanos la información que necesitan para tomar sus propias decisiones.

El fomento de una ciudadanía libre, crítica con el poder, sólo se logra a través del periodismo de calidad, es decir, el que promueve información veraz, verificada, contrastada con fuentes fiables y sujeta a las normas de nuestro Código Deontológico.

La información nunca puede ser una mercancía sometida a cotización, a falsificaciones y a manipulaciones. Muy al contrario, el periodismo de calidad es un bien valioso que los periodistas y los medios ponen a disposición de los ciudadanos para impulsar la pluralidad, la convivencia democrática, el progreso y el Estado de Derecho.

La imposición del silencio informativo perjudica no solo a los periodistas, sino también y en especial a los ciudadanos, a los que se priva de conocer a fondo decisiones que pueden condicionar su vida presente y futura. Los ciudadanos dejan de ser soberanos y pasan a ser siervos, a los que se puede engañar fácilmente con mentiras, bulos y hechos alternativos.

En consecuencia, la FAPE reclama a los poderes públicos que pongan fin de una vez por todas a las ruedas de prensa sin derecho a preguntas, supriman los vetos a periodistas y medios y todas aquellas medidas que impiden el libre acceso a la información, entre ellas las que están reflejadas en la llamada “ley mordaza”.

La FAPE insta a los grupos editoriales a que mejoren las condiciones laborales y salariales de sus periodistas. Mal se puede hacer el periodismo de calidad por el que los ciudadanos estarían dispuestos a pagar con redacciones débiles, periodistas mal remunerados y con sus derechos laborales reducidos al mínimo, condiciones que se agravan en los casos de los autónomos, los colaboradores y los becarios.

Igualmente les solicitamos que adopten medidas que levanten las barreras que impiden que la promoción de las periodistas se haga en condiciones de igualdad con los periodistas.

También exhortamos al nuevo Gobierno y al Parlamento a que resuelvan con la máxima urgencia el concurso público en RTVE a fin de que se convierta en un medio de todos los ciudadanos, ajeno a los gobiernos de turno y sin injerencias políticas, exigencias que extendemos a las radiotelevisiones autonómicas, en alguna de la cuales hay un claro incumplimiento de la propia ley que la ampara.

Press

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