La primera organización de periodistas de España recuerda que los editores se comprometieron en la 'Declaración de Madrid' a promover altos estándares éticos en la autorregulación de la publicidad.
La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) comparte el dictamen del Consejo de Estado que considera “plausible” prohibir o, al menos, limitar “severamente” los anuncios de prostitución en la prensa escrita y en otros medios.
La FAPE opina que la erradicación de los anuncios sexuales debería de realizarse de forma consensuada con los medios de comunicación. En varias ocasiones, hemos instado a los medios de comunicación a que procedieran a una efectiva autorregulación en esta materia, pero la realidad ha demostrado que no han querido dar pasos en este sentido.
Estos anuncios sexuales han sido utilizados por las mafias dedicadas a la trata de mujeres, según han demostrado varias operaciones policiales, por lo que no se entiende que los medios no hayan comprendido la urgente necesidad de suprimirlos.
En la Declaración de Madrid, firmada el 4 de junio de 2010 en el marco de la jornada europea celebrada durante la presidencia española de la UE, los editores se comprometieron a promover “altos estándares éticos en la autorregulación de la publicidad, conciliando la libertad de expresión de los anunciantes y la libertad de publicidad de las empresas”.
La Declaración fue firmada por la Asociación Española de Radiodifusión Comercial (AERC) y Asociación Europea de Radios, la Asociación de Editores de Diarios Españoles, la Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas (AEEPP), la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA) y la Asociación de Televisiones Comerciales Europeas (ACT) y la FAPE.
La FAPE insta una vez más a los editores a que cumplan este compromiso y promuevan “altos estándares éticos en la autorregulación de la publicidad”, un compromiso que pasa ineludiblemente por suprimir tales anuncios, que, como sostiene el Consejo de Estado, suponen una “desvalorización completa” de la mujer, que atentan contra su dignidad como persona, además de ser “incompatibles” con los bienes y valores jurídicos reconocidos en la Constitución y en las leyes.
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