La decisión adoptada el miércoles 21 de septiembre por el Consejo de Administración de RTVE de supervisar la elaboración de los Informativos además de un disparate y de una anomalía en los usos democráticos, es el mayor atentado contra la libertad de expresión consagrada en el artículo 20 de la Constitución. Supone imponer la “censura previa” expresamente prohibida por el punto 2 del artículo 20 de la Constitución española. Va mucho más allá del mandato de la ley a ese Consejo de Administración, y coloca a los dirigentes de los partidos que propusieron a estos consejeros y al Congreso de los Diputados, que les designó, ante la responsabilidad de reprobar el intento de manipulación y de amedrentamiento de los periodistas de RTVE.
Que ante el clamor suscitado por la medida el Consejo la revoque ahora no mitiga el daño. Lo más grave es la intención de quienes han cometido este disparate, que les inhabilita para el ejercicio de la función de dirigir RTVE. La ley dice que los consejeros deben ser personas “con suficiente cualificación y experiencia”. Evidentemente no lo son.
Los periodistas de RTVE están sometidos a un mandato-marco, un contrato-programa y un Libro de Estilo, presididos por criterios de libertad, independencia y responsabilidad, sin intromisiones, interferencias, ni censura previa.
El Congreso de los Diputados, que es quien debe controlar RTVE, tiene que calificar estos hechos y exigir el cumplimiento del mandato legal. La mitad del Consejo de Administración ha superado el periodo de su mandato sin que hayan sido sustituidos, que es una responsabilidad del Parlamento. Además los consejeros no representan partidos políticos, sino que tienen mandato personal, individual de una amplísima mayoría del Parlamento. Estamos ante otra manifestación de la debilidad institucional de nuestra democracia, de su déficit democrático. Este consejo se ha descalificado y el Parlamento no puede inhibirse.
Si no se produce una rectificación inmediata de esta decisión, la APM convocará a todos los periodistas para realizar una concentración ante el Congreso de los Diputados la próxima semana como muestra de repudio y de rechazo de esta intromisión.
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