El artículo 20 d) de la Constitución Española reconoce el derecho al secreto profesional en el ejercicio de la libertad de comunicar libremente información veraz. Este derecho, según establece la norma constitucional, debería haber sido desarrollado mediante ley orgánica. Sin embargo, 31 años después de la aprobación de la Carta Magna, los sucesivos gobiernos no han querido o no se han atrevido a redactar la ley que regule el secreto profesional de los periodistas.
La FAPE lamenta la parálisis legislativa respecto a un derecho que es a su vez principio sagrado del ejercicio del periodismo y garantía de los derechos fundamentales de la libertad de expresión e información, que a un tiempo sustentan la propia democracia de nuestro sistema.
En representación de sus más de 14.000 asociados, esta organización profesional entiende por ello que cualquier sanción judicial contra un periodista por no querer revelar sus fuentes no sólo no está ajustada a derecho por ir en contra de la norma constitucional sino que supone un atentado directo contra la libertad de información y contra la propia democracia.
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