Estas dos periodistas, unas horas antes, a la llegada al recinto ferial, ya se habían encontrado con la desagradable sorpresa de ser las únicas que no tenían acreditación para acceder a la feria, por lo que el personal del Patronato de Turismo Costa Azahar hubo de facilitarles a toda prisa las pertinentes acreditaciones de acceso.
El veto a estas dos periodistas en la cena oficial pagada con dinero público no ha tenido más explicación que un informal comentario en el que se decía que las dos reporteras se habían apuntado tarde, explicación que no se sostiene, toda vez que ambas se desplazaron hasta Madrid en el autobús que la propia Diputación puso a disposición de los enviados especiales de los distintos medios de comunicación de Castellón invitados al evento.
Como no es la primera vez que ocurren situaciones de este tipo, la FAPE y la APC recuerdan a quienes gobiernan que las instituciones no son ni de su propiedad ni de los partidos a los que representan, y que tanto los cargos públicos como las instituciones públicas deben estar al servicio de la sociedad.
La FAPE y la APC reiteran por último su defensa de la libertad de expresión y muestran su total apoyo a las dos periodistas afectadas y a los medios en los que trabajan. Los políticos no deberían olvidar que sin la abnegada labor de los profesionales de la información, su trabajo no podría ser conocido por la ciudadanía.
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