“Cuando un profesional tiene acceso a información veraz y contrastada, su obligación es publicarla”, sostiene la presidenta de la Federación
La presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Elsa González, defendió ayer el derecho a informar de los ocho periodistas imputados por revelar la trama de espionaje alavesa.
En declaraciones al diario El País, la presidenta de la FAPE manifestó su convencimiento de que la imputación a los periodistas quedará archivada, “porque nos ampara la Constitución, tanto en el derecho a informar como a no revelar las fuentes”.
Los ocho periodistas imputados –tres del diario El País,tres de El Correo y dos de El Mundo del País Vasco- deberán comparecer el próximo 1 de octubre en el juzgado número 2 de la Audiencia Provincial de Álava, donde ha causado sorpresa la resolución de la juez Ana Zuleta, quien aprecia un posible delito contra la intimidad, el derecho a la propia imagen e incluso la inviolabilidad del domicilio en las informaciones publicadas. Con todo, la defensa de los implicados en el caso Tellería reconoce la veracidad de lo difundido por los periodistas.
Elsa González cree “fuera de toda duda” que cuando un profesional tiene acceso a una información veraz y contrastada, “su obligación es publicarla” y que, en caso contrario, “demostraría ser un mal periodista. Ningún juez nos puede pedir algo semejante”, añadió.
La FAPE respaldó el derecho a informar del subdirector de El Mundo, Antonio Rubio, y de los periodistas de la Cadena SER Daniel Anido y Rodolfo Irago, director de la emisora y director de Informativos respectivamente, en los procesos judiciales en los que fueron imputados por un posible delito en el desempeño de su labor informativa.
Los tres fueron absueltos, como espera que suceda ahora también, y la FAPE se felicitó por ello no sin lamentar que la Justicia llegara a imputarles por el simple ejercicio de un derecho, el de informar, recogido en la Constitución Española.
La FAPE presentó el caso Cadena SER en el Congreso Europeo de Periodistas de diciembre de 2009, donde recibió la crítica unánime de 75 delegados de 38 países, al tiempo que el Comité de Quejas y Deontología de la Federación corroboró el derecho a informar de Antonio Rubio en un dictamen emitido en julio de 2005.
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