El Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA), que pertenece a la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) ha anunciado esta tarde que los servicios jurídicos del SPA están estudiando recurrir la convocatoria hecha pública por la Diputación de Almería para cubrir cinco plazas de redactor/a del ente autónomo Agencia de Comunicación Local (ACL Radio). Una convocatoria, según el sindicato, "lamentable e impropia en una empresa pública, que supone una burla para las facultades de Comunicación" y que "ningunea la titulación de Periodismo que imparten esas universidades públicas". El pasado día 6 de octubre, la Asociación de Periodistas - Asociación de la Prensa de Almería denunció esta situación y solicitó a la Diputación una rectificación, de igual manera que lo hicieron la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), el 7 de octubre, y la Federación Andaluza de Asociaciones de Periodistas (FAAP), el 8 de octubre.
El texto del comunicado del SPA de la FeSP dice lo siguiente:
La Diputación Provincial de Almería ha convocado dos plazas de redactor/a jefe para la Agencia de Comunicación Local, en régimen de personal laboral. Como requisitos pide la licenciatura en Ciencias de la Información o en Periodismo. La convocatoria fue publicada el 28 de septiembre. El plazo de admisión de solicitudes es de 20 días desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado, por lo que el plazo terminará el 18 de octubre, como mínimo.
REDACTORES/AS CON BACHILLER
A la vez que esta convocatoria, la Diputación de Almería ha hecho pública otra para cubrir cinco plazas de redactor/a de radio, para las que se pide como requisito tener 16 años y estar en posesión del título de Bachillerato.
Una convocatoria lamentable e impropia en una empresa pública, que supone una burla para las facultades de Comunicación (que también son administración al igual que la Diputación de Almería) y ningunea la titulación de Periodismo que imparten esas universidades públicas. Entendemos que el perfil de periodista que define la convocatoria no garantiza el derecho de la ciudadanía a recibir información de calidad. Por todo ello los servicios jurídicos del Sindicato de Periodistas de Andalucía está estudiando recurrirla.
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