Cerrado el plazo de presentación de candidaturas al premio internacional de periodismo Julio Anguita Parrado, se han recibido un total de 15 candidaturas de 7 países distintos: España, Portugal, México, Argentina, Perú, Ucrania y Túnez.
Este próximo jueves, 24 de febrero, se ha convocado al jurado para celebrar la reunión de la que saldrá la candidatura premiada con el galardón que todos los años se le otorga al o la periodista premiada junto a un premio en metálico de 5.000 euros.
El o la ganadora de esta edición pasará a formar parte del grupo de galardonados con el premio Julio Anguita Parrado cuyo objetivo es distinguir una trayectoria profesional brillante comprometida con la defensa de los derechos humanos, que hayan desarrollado su trabajo en zonas de conflicto bélico o de especial violencia social.
Desde su creación este premio ha sido entregado en la ciudad de Córdoba todos los días 7 de abril desde que se instituyó por el Sindicato de Periodistas de Andalucía en el año 2007, recordando así el día en que falleció el periodista cordobés Julio A. Parrado mientras cubría la invasión de Iraq. Desde ese año el galardón ha recaído en Eman Ahmad (Iraq) en 2007; Eduardo Márquez (Colombia) en 2008; Caddy Adzuba (R.D.Congo) en 2009 y Mónica Bernabé (España) en 2010.
El premio Julio Anguita Parrado está organizado por el Sindicato de Periodista de Andalucía y la Federación de Sindicatos de Periodistas junto al Ayuntamiento y la Universidad de Córdoba y con la colaboración especial del Parque Joyero de Córdoba, diseñadores del galardón de olivo y plata que reciben los premiados cada edición.
Consejos del Audiovisual a favor de la corregulación
El secretario general de la FeSP lo considera un avance, pero totalmente insuficiente sin la participación directa de la ciudadanía
Las autoridades independientes de regulación audiovisual de la Península Ibérica acordaron el pasado 12 de febrero, durante el IV Encuentro de la Conferencia Ibérica de Consejos Audiovisuales celebrado en Pamplona, impulsar prácticas de corregulación en el ámbito de sus competencias.
A este encuentro asistieron autoridades de Portugal (Entidade Reguladora para a Comunicação Social), Andalucía (Consejo Audiovisual de Andalucía), Cataluña (Consell de l'Audiovisual de Catalunya) y Navarra (Consejo Audiovisual de Navarra) y suscribieron además los estatutos que regirán su actividad, formalizando de esta manera la naturaleza de esta plataforma.
El Consell Andorrà de l'Audiovisual no participó en el Encuentro pero ha aprobado esos estatutos y será miembro de la conferencia.
En el debate e intercambio de experiencias, opiniones y criterios, se ha manifestado la importancia que en el actual escenario audiovisual adquiere la corregulación, "una técnica legislativa que comparte con la regulación tradicional la intervención de las autoridades en la elaboración de normas y en su aplicación, y, con la autorregulación, la colaboración en el proceso tanto de los operadores como del resto de partes implicadas".
Han recalcado que la corregulación "supera a ambas en cuanto que apuesta por la corresponsabilidad para complementar los principios legales recogidos en la normativa y por la implementación de pautas y estándares de cooperación".
Asimismo, los participantes han considerado "especialmente apropiado" facilitar a los operadores su participación en el diseño de las políticas a implantar en el sector audiovisual, pactando con ellos, cuando sea posible, aspectos a desarrollar de la normativa, puntos interpretables de las leyes y conductas deontológicas que propongan incrementar la calidad de los contenidos audiovisuales.
Corregulación restringida
Consultado el secretario general de la FeSP, Dardo Gómez, ha señalado que los argumentos de los consejos “están en la buena línea que ya ha marcado el Foro de Organizaciones de Periodistas y que ha incluido dentro de su proyecto de Ley Orgánica de Garantía del Derecho a la Información de la Ciudadanía, pero es insuficiente en su formulación”.
Gómez ha añadido: “el concepto de corregulación del que hablan es restringido y debe ampliarse a todos los actores de la comunicación, no sólo a empresas y la administración. Debe incluirse, por lo menos, a los usuarios a través de sus organizaciones y a los profesionales de la comunicación, que deben ser los garantes de los derechos de los ciudadanos”.
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