Tras las elecciones municipales del pasado 22 de mayo y la constitución de las nuevas corporaciones locales, previstas para el próximo 11 de junio, numerosos periodistas que desarrollan su trabajo en gabinetes de prensa de distintos ayuntamientos de la provincia de Sevilla perderán sus empleos como consecuencia del cambio político que se ha registrado en esas instituciones públicas.
Se trata de periodistas que, desde hace años, tienen un contrato eventual en una categoría o denominación laboral distinta a la suya, o un nombramiento como personal de confianza, enmascarando así su trabajo real que, exclusivamente, ha sido, y es, el de un profesional de la comunicación en un gabinete de prensa de una administración pública.
A muchos de estos periodistas ya se les ha comunicado el final de su relación laboral. La decisión de los nuevos responsables municipales solo obedece a que estos profesionales han desarrollado su trabajo con un equipo de gobierno de otra opción política, al que presuponen que están vinculados. Este comportamiento es un total desprecio a la capacidad y valía profesional de los periodistas, como también lo es que puedan ser sustituidos por otros compañeros por su supuesta afinidad política a los nuevos rectores. El periodismo institucional no puede estar sujeto a vaivenes e intereses partidarios.
La Asociación de la Prensa de Sevilla defiende que la plaza de periodista en un gabinete de prensa de un ayuntamiento, como en toda administración pública, es un puesto de trabajo estructural real y que está al margen de las posiciones ideológicas del gobierno de turno, tal y como sucede con los profesionales de cualquiera otra titulación superior. Una situación bien distinta es la del periodista que desarrolla su cometido como asesor personal de un cargo público, cuya función sí tiene carácter político.
En la actualidad, el puesto de periodista o de técnico de información no existe en la mayoría de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de los ayuntamientos, como tampoco existe en la estructura de la función pública de la Junta de Andalucía. La APS considera que este comportamiento de las administraciones públicas es inaceptable, ya que no tiene en cuenta la profesionalidad, sólo genera inestabilidad laboral y propicia que, en efecto, las plazas de periodistas estén siempre sujetas a cambios políticos.
Por todo ello, la Asociación de la Prensa de Sevilla demanda a los responsables municipales que respeten la profesionalidad de los periodistas que ya trabajan en los ayuntamientos; que, de inmediato, incluyan en sus plantillas de personal la plaza de periodista, y que procedan a la dotación de la misma mediante la correspondiente oposición o concurso público.
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