La APS denuncia un nuevo atentado de la ‘Ley Mordaza’ contra el derecho a informar de los periodistas

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La Asociación de la Prensa de Sevilla ha mantenido un encuentro con el periodista Raúl Solís, quien ha recibido notificación de la apertura de un expediente sancionador (multa de 150 euros) por "poner en riesgo" la integridad de los agentes de la Policía Nacional durante una protesta ciudadana en Sevilla contra el autobús Hazte Oír. Esta propuesta de sanción, recogida en el artículo 37.4 de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como 'Ley Mordaza', contempla como leve "las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad". El periodista, que estaba ejerciendo su derecho constitucional a informar, asegura que en todo momento se dirigió a la policía de forma correcta y respetuosa y no se negó, en ningún caso, a identificarse cuando le fue requerida la documentación, acreditando e informando a los agentes de su condición de periodista.

Desde la Asociación de la Prensa de Sevilla reiteramos nuestro total rechazo a la ‘Ley Mordaza’, que atenta gravemente contra derechos fundamentales de la ciudadanía, y, de manera especial, contra la libertad de información y de expresión que afectan al ejercicio de nuestra profesión. Como la APS ha puesto de manifiesto en numerosas ocasiones, no podemos consentir que en una democracia, bajo el concepto de seguridad nacional, sacrifiquemos el derecho a informar y el derecho de los ciudadanos a ser informados, base del Estado de Derecho, ni que nuestros compañeros se sientan presionados por el miedo a estar indefensos. La APS, una vez más, pide a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados que promuevan iniciativas que deroguen de inmediato esta ley.

Desde la APS se ha solicitado un encuentro con el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Ricardo Gil-Toresano, para exigir que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado respeten el derecho de los profesionales de la información y no les impidan ejercer libremente su trabajo, sin coacciones y sin sanciones.

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