Reporteros Sin Fronteras considera que la vigilancia de las llamadas telefónicas de los periodistas de Asociated Press por parte de Departamento de Justicia estadounidense es una “grave violación a la libertad de información”.

Esta interferencia habría tenido el objetivo de identificar quién reveló a la agencia de noticias información sobre una operación de la CIA en Yemen. En una nota difundida el 7 de mayo de 2012 la AP reveló una operación de la CIA que buscaba impedir un atentado de Al Qaeda en un avión que se dirigía de Yemen a Estados Unidos. Los registros obtenidos incluyen las llamadas hechas desde los teléfonos de varias oficinas de la AP en Estados Unidos y desde su número principal en la sala de prensa de la Cámara de Representantes, así como de los teléfonos personales de reporteros y editores, entre ellos los cinco periodistas y un editor que trabajaron en la noticia difundida el 7 de mayo de 2012.

Varias líneas telefónicas pinchadas estaban en la oficina de AP en Estados Unidos, también el número de la agencia en la Cámara de Representantes, y los números personales de algunos de los empleados, entre ellos, cinco periodistas y un editor que participó en la elaboración de la información publicada en mayo de 2012.

La organización comparte la opinión del presidente y director ejecutivo de AP, Gary Pruitt, que ha calificado este acto como una «intrusión masiva y sin precedentes «, en una carta enviada ayer al fiscal general de EE.UU., Eric Holder. “Reporteros Sin Fronteras pide al Departamento de Justicia que acceda sin demora a la demanda de AP, que exige la devolución de los registros telefónicos y la destrucción de todas las copias. Asimismo, considera que hechos que contravienen las garantías constitucionales requieren un examen en una comisión de investigación del Congreso”.

“Reporteros Sin Fronteras constata con pesar que el actual gobierno federal no ha roto con las prácticas llevadas a cabo bajo el doble mandato de George W. Bush, que sacrificaron la protección de los datos personales y, sobre todo, el derecho de los ciudadanos a ser informados, garantizado por la Primera Enmienda”, agregó Christophe Deloire. “Este caso demuestra la necesidad de una ley federal relativa a la protección de fuentes (federal shield law). Un principio que 34 estados de la Unión reconocen, en diversos grados, en su legislación”.